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Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de la población de la diversidad sexual, denunciaron que Aguascalientes se encuentra muy rezagado en la legislación e implementación de los compromisos a los que está obligado por los tratados internacionales y por el artículo primero constitucional.
En primera instancia, Marco Antonio García Robles, titular de la asociación civil VIHDHA, señaló que entre los temas pendientes está el de matrimonio igualitario; la ley de identidad sexogenérica (elegir el registro de nombre y género que se desee); la penalización de los crímenes de odio contra gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales; la tipificación del feminicidio, entre otras más.
De manera específica, señaló que el diputado Luis Fernando Muñoz López incumplió con su responsabilidad como representante popular al negarse a convocar a sus compañeros de la Comisión de Justicia para analizar y dictaminar las varias iniciativas existentes para atender al colectivo LGBTTTI. Recordó que tanto la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expidieron resoluciones específicas para que los congresos de todas las entidades federativas legislaran en la materia.
Betsy Anahí Montoya, de REDefine Aguascalientes, denunció que hay por lo menos dos casos de jóvenes que han sido víctima de violación y que las autoridades de salud les han bloqueado su derecho a la interrupción del embarazo, tal y como lo establece la Norma Oficial Mexicana 046, con el pretexto de que deben esperar una resolución judicial. Esto, sentenció la psicóloga, convierte en víctimas por doble ocasión a quienes han sido agredidas física y psicológicamente.
Linda Aréchar Lara, de Mexicanas en Acción Positiva, lamentó que el Congreso del Estado, quien le acaba de entregar la presea “A la mujer aguascalentense”, no haya legislado para eliminar de una vez por todas las trabas para la celebración del matrimonio a personas adultas que decidan suscribirlo a pesar de que alguno de los contrayentes viva con VIH o bien, tenga alguna enfermedad crónico degenerativa.
Por su parte, Luis Ernesto Berdeja, de la Red de Hombres Homosexuales, Bisexuales y Transgénero de Fundación Omacatl, dio a conocer que la FEPADE se puso en contacto con él y varios activistas más para darle seguimiento a las denuncias interpuestas contra el obispo de Aguascalientes y otros ministros de culto por su intervención ilegal en el pasado proceso electoral.
Expresó además, que los discursos de odio de la iglesia, así como de algunos diputados y funcionarios, han incidido en un aumento de acciones discriminatorias contra la gente que no es heterosexual, con casos documentados de agresiones y bloqueo de derechos, incluso en instituciones educativas. Todo lo anterior, explicó, incide también en el incremento de casos de bullying por orientación sexual y en consecuencia, de suicidios.
Marco García Robles, expresó que pese a que no existe un registro oficial, en Aguascalientes se cometen de uno a dos homicidios contra personas homosexuales o transexuales por año, los cuales suceden con extrema violencia, incluyendo asfixia, puñaladas, mutilación e incineración. Desafortunadamente, indicó, no siempre se le da continuidad a las investigaciones con el argumento de pertenencia a la delincuencia o bien, bajo la clasificación de “crímenes pasionales”.
Por otro lado, se comentó que están en proceso varias quejas ante la Secretaría de Gobernación y el Conapred, por las declaraciones homofóbicas del obispo José María de la Torre, así como de un comunicador radiofónico. De igual forma, se insistió en que el titular de la Secretaría de Salud, Francisco Esparza Parada, no acató las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues establecían la reposición del espectacular que promovía el uso del condón para público gay y HSH (hombres que tienen sexo con hombres), lo que podría significar incluso una sanción administrativa o penal, pues la campaña pagada con recursos federales e retiró sin sustento legal.
En lo tocante a la supuesta disculpa pública de Norberto Rivera, las y los activistas coincidieron en que fue una declaración forzada por cuestiones legales y por los procesos que en contra de varios jerarcas eclesiales se siguen al interior de la propia iglesia, así como por la próxima sucesión en la cúpula católica de México. De hecho, se comentó que uno de los trasfondos reales de las marchas “pro-familia natural” fue para demostrarle fuerza política al Vaticano, que está al tanto de lo que acontece en nuestro país y también en Aguascalientes, ya que se tiene el conocimiento de grupos de carácter religioso que se han quejado ante el papa por el actuar de sus ministros de culto.
Por último, ante el inminente cambio de Gobierno del Estado, los municipios y el Congreso del Estado, las y los integrantes del Frente de Organizaciones en Defensa de los Derechos Humanos y la Diversidad Sexual, adelantaron que llegarán hasta las últimas consecuencias legales para que de una vez por todas, se reformen las normas y reglamentos retrógradas que colocan al estado de Aguascalientes al nivel de naciones que se rigen por preceptos religiosos ortodoxos, rayando en el fundamentalismo radical; en lugar de ser una entidad que respeta y defiende los derechos humanos de todas las personas.

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