Con los elevados índices de delincuencia que existen ahora las personas optan por encarcelarse en sus propias casas por temor a ser robados, así lo informó el candidato del Partido Verde a diputado federal por el II distrito, Eduardo “Chato” Muñoz, quien comentó que la sociedad está pidiendo a gritos mayor compromiso de la policía, más coordinación y sobre todo una ley efectiva y que se aplique.

Foto: Recuerdos inútiles en Flickr

Si nos atenemos a lo que dice Luis Arteaga Niepmann, un funcionario que tiene manga ancha para encabezar proyectos sin que se sepa hasta que grado tiene responsabilidad en el manejo de recursos públicos, apenas el martes pasado el gobierno estatal tuvo conocimiento de la negativa de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para autorizar la construcción del Cristo Roto en la isleta de la Presa Calles, entonces la obra se comenzó y ejecutó sin que tuvieran en sus manos dicha autorización.
Ahora el gobierno estatal se molesta por la resolución de la dependencia federal y argumenta el beneficio económico que la estatua religiosa le ha traído a San José de Gracia y de manera por demás clara deja de lado el verdadero debate del asunto: la violación a los ordenamientos federales.
Para decirlo de otro modo, el gobierno estatal pretende justificar con el beneficio económico su desdén a lo que la Ley establece. Sin embargo, una cosa no justifica la otra. Se construyó la estatua religiosa a sabiendas de que no se contaba con el respectivo permiso de la autoridad federal, cuya competencia se desdeñó por parte del gobierno estatal. Y por supuesto que la falta se ocultó a la opinión pública en un ejercicio de opacidad indigno de quien presume transparencia.
Se han señalado que la multa correspondiente podría ir de los 250 mil hasta el millón de pesos (de cinco mil a 20 mil salarios mínimos, de acuerfdo a Julio César Medina, gerente estatal de CNA)) y eso mueve a otro cuestionamiento: ¿quién debe pagarla, el gobierno estatal con recursos del erario público o de su bolsillo los funcionarios que a sabiendas de que se saltaban la Ley continuaron con la obra? De ello no ha habido pronunciamientos por parte del mismo gobierno estatal.
Por ello, el gobierno del estado ha orientado la discusión hacia el beneficio económico para San José de Gracia y pretende dejar de lado el hecho cierto de que violaron la Ley.
A modo de enmienda, el gobierno del estado puede presentar un Libro Blanco de la construcción del Cristo Roto, para que los ciudadanos podamos conocer a detalle cómo se decidió hacerlo, cómo se licitó, quien ejecutó la obra y cuántos recursos públicos se invirtieron.
De otro modo, se puede pensar que al amparo de un signo religioso, el gobierno estatal ejecuta obras que violan la Ley y después pretende justificar el presunto delito con un beneficio económikco que tampoco ha sido explicado a detalle.

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Uno piensa que cuando la autoridad, el gobierno del estado por ejemplo, le exige a uno cumplir tal o cual requisito es porque ellos son apegados a lo que las leyes establecen. Pero no siempre es cierto, ni cuando de las cosas de Dios se trata.
Ahora se viene uno a enterar que el gobierno del estado solicitó a la Comisión Nacional del Agua el permiso para construir el santuario del Cristo Roto en la isleta de la Presa Calles, pero la dependencia negó la correspondiente autorización.
Publica Hidrocálido:

El gerente estatal de Conagua, Julio César Medina, confirmó que en primera instancia fueron negados por esa dependencia los permisos para que se construyera la isleta del Cristo Roto en la Presa Calles, por lo que ahora el gobierno del Estado tiene el recurso de demostrar que la obra no causará ninguna afectación en caso de que el embalse alguna vez se llene al cien por ciento de su capacidad. Dijo que el gobierno del Estado sí solicitó a esta dependencia el permiso para construir en el lugar el Santuario del Cristo Roto, pero le fue negado en las oficinas centrales de la dependencia, ya que la gerencia estatal no tiene facultades para emitir resoluciones de ese tipo.
Ante aquella negativa, ahora el gobierno del Estado tendrá que presentar los recursos de revisión correspondientes para que sea revertida la negativa original. Para ello, habrá de presentar los argumentos, pruebas y todos los elementos que demuestren que no hay fundamento para que no siga en pie la escultura que se ha convertido en una atracción de turismo religioso.
Medina dijo que normalmente la construcción de obras en los embalses son negadas porque pueden obstaculizar el adecuado funcionamiento del vaso, además de que por Ley no se permiten construcciones de ningún tipo en zonas federales cuando son construcciones de tipo permanente.

En otras palabras, al gobernador Luis Armando Reynoso Femat le valió un sorbete que el gobierno federal le negara la debida autorización y por sus calzones construyó el mencionado santuario.
Ahora el gobierno estatal deberá recomponer las cosas, so pena de que la CNA le pida que eche al suelo la estatua religiosa. Situación que a nadie debe interesarle que suceda, entre otras cosas porque la inversión fue cuantiosa y no merece irse a la basura.
La moraleja es que desde el gobernador Reynoso Femat, pasando por los funcionarios involucrados en la construcción del santuario del Cristo Roto, la Ley no es un asunto que deba atenderse al pie de la letra. Algo que no es novedad y que lleva a preguntarse: ¿cuántas otras leyes viola impunemente el señor gobernador y sus subordinados? ¿Y ante los ojos del Dios, cuya imagen pretende representar el Cristo Roto, cómo anda el mandatario estatal?

Foto: Recuerdos inútiles en Flickr.

Más:
• El Cristo Roto en Flickr.
• Minisitio oficial del Cristo Roto

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Siendo gobernador de Aguascalientes, Felipe González González otorgó fiats notariales a Luis Fernando Jiménez Patiño, Cleto Humberto Reyes Neri y Juan José León Rubio. La decisión del entonces gobernador molestó al Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes y en particular al notario público Arturo de Guadalupe Orenday González, quien se inconformó y demandó la nulidad de los fiats mediante los cuales se crearon las notarías públicas 50, 51 y 52, a cargo de los ya citados.
Arturo Orenday demandó la nulidad argumentando que la Ley del Norariado contempla la asignación de notarias en proporción a la población, lo que se conoce como el principio notarial de numerus clausus. La misma Ley no contiene la posibilidad de designar notarios en razón de numerus apertus, es decir de acuerdo al criterio del gobernador en turno.
La legislación vigente al momento de las designaciones señalaba que debía existir un notario por cada 25 mil habitantes y en el caso de que hubiera un remanente, podía nombrarse un notario siempre que la fracción sobrante fuera superior a diez mil habitantes.
Orenday demostró que la población de Aguascalientes no era suficiente para designar esos tres notarios y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dió la razón y resolvió la nulidad de los tres fiats notariales el 13 de marzo de 2007.
Dos de los afectados con la resolución, Luis Fernando Jiménez Patiño y Cleto Humberto Reyes Neri, decidieron montar un blog para exponer el caso. Se trata de Nulidad Notarias, en el que se pueden consultar los documentos del caso.
De acuerdo al blog, la pretención de crearlo es:

El presente blog es presentado por los promoventes del juicio de amparo, licenciados Luis Fernando Jiménez Patiño y Cleto Humberto Reyes Neri. Y la intención no es influir en el ánimo de la población, ni del Tribunal de Amparo, tampoco es dar contestación a la prensa local o bien, al licenciado Orenday González.

Nuestro caso ha sido ventilado continuamente por la prensa local, pero nunca a partir de los documentos reales del juicio. Si hemos guardado silencio, no es porque no tengamos defensa sino porque no hemos estimado prudente ni atinado discutir directamente el caso con los medios, ya que el asunto es jurídico y su óptima traducción sólo puede surgir de especialistas en derecho.

Pretendemos compartir con juristas de todas las latitudes, un caso jurídico extraordinario y sin precedentes en México. Principalmente, nos interesa que sean los profesionales del derecho, los que opinen del caso a partir de su contexto real, y luego que sea la opinión pública la que se forme un criterio.

Si bien, la intención básica es compartir un debate jurídico, pensamos que la prensa puede y debe acceder a este blog, siendo recomendable que consulte juristas para su debida comprensión, para entonces presentar a la opinión pública noticias y opiniones con respaldo en la realidad jurídica del caso.

Es evidente que con el blog no van a ganar el litigio, pero el hecho de tener mas información disponible puede servir para que los medios de comunicación y los ciudadanos interesados en dicho asunto tengan más información y se forjen un mejor criterio. Habrá quienes señalen que no se litiga en internet, pero el mero hecho de poner a la mano los detalles del caso agrega un ingrediente adicional a la discusión de un asunto público, como lo es el otorgamiento, casi siempre discrecional, de un fiat notarial.

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