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Cristo Roto
Foto: Recuerdos inútiles en Flickr

Si nos atenemos a lo que dice Luis Arteaga Niepmann, un funcionario que tiene manga ancha para encabezar proyectos sin que se sepa hasta que grado tiene responsabilidad en el manejo de recursos públicos, apenas el martes pasado el gobierno estatal tuvo conocimiento de la negativa de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para autorizar la construcción del Cristo Roto en la isleta de la Presa Calles, entonces la obra se comenzó y ejecutó sin que tuvieran en sus manos dicha autorización.
Ahora el gobierno estatal se molesta por la resolución de la dependencia federal y argumenta el beneficio económico que la estatua religiosa le ha traído a San José de Gracia y de manera por demás clara deja de lado el verdadero debate del asunto: la violación a los ordenamientos federales.
Para decirlo de otro modo, el gobierno estatal pretende justificar con el beneficio económico su desdén a lo que la Ley establece. Sin embargo, una cosa no justifica la otra. Se construyó la estatua religiosa a sabiendas de que no se contaba con el respectivo permiso de la autoridad federal, cuya competencia se desdeñó por parte del gobierno estatal. Y por supuesto que la falta se ocultó a la opinión pública en un ejercicio de opacidad indigno de quien presume transparencia.
Se han señalado que la multa correspondiente podría ir de los 250 mil hasta el millón de pesos (de cinco mil a 20 mil salarios mínimos, de acuerfdo a Julio César Medina, gerente estatal de CNA)) y eso mueve a otro cuestionamiento: ¿quién debe pagarla, el gobierno estatal con recursos del erario público o de su bolsillo los funcionarios que a sabiendas de que se saltaban la Ley continuaron con la obra? De ello no ha habido pronunciamientos por parte del mismo gobierno estatal.
Por ello, el gobierno del estado ha orientado la discusión hacia el beneficio económico para San José de Gracia y pretende dejar de lado el hecho cierto de que violaron la Ley.
A modo de enmienda, el gobierno del estado puede presentar un Libro Blanco de la construcción del Cristo Roto, para que los ciudadanos podamos conocer a detalle cómo se decidió hacerlo, cómo se licitó, quien ejecutó la obra y cuántos recursos públicos se invirtieron.
De otro modo, se puede pensar que al amparo de un signo religioso, el gobierno estatal ejecuta obras que violan la Ley y después pretende justificar el presunto delito con un beneficio económikco que tampoco ha sido explicado a detalle.

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