Aunque el reportaje sobre la Operación Nissan II se comenzó a divulgar desde el sábado 8 de febrero, fue hasta este martes 11 que el gobierno del estado de Aguascalientes dio a conocer, en voz de la secretaria General de Gobierno, Siomar Eline Estrada Cruz, un posicionamiento en el que "desde el Gobierno del Estado hacemos un exhorto a cualquier persona interesada a que realice las denuncias o procedimientos correspondientes, pues las instituciones en Aguascalientes están abiertas para recibir cualquier denuncia al respecto".
A continuación el posicionamiento íntegro leído por la funcionaria estatal frente a los medios de comunicación:

La administración que encabeza el gobernador Martín Orozco Sandoval, tiene el total y absoluto compromiso de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. La premisa es muy clara, el estricto cumplimiento del estado de derecho en Aguascalientes.
El Gobierno Estatal tiene un alto compromiso por continuar trabajando con las empresas nacionales e internacionales instaladas en nuestro estado, que son generadoras de empleo, son socialmente responsables y contribuyen al desarrollo económico de Aguascalientes y de todo el país.
Recientemente se ha difundido un reportaje que involucra a servidores públicos y ex servidores públicos, con elementos presuntamente constitutivos de irregularidades
Es por ello que el Gobierno del Estado asume la determinación de garantizar que cualquier  responsabilidad que pudiera acreditarse, se procederá conforme a lo que establecen los procedimientos de ley y con estricto respeto a los Derechos Humanos.
La información relacionada con el caso al que nos referimos estará accesible mediante los procesos legales que marcan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes.
Desde el Gobierno del Estado hacemos un exhorto a cualquier persona interesada a que realice las denuncias o procedimientos correspondientes, pues las instituciones en Aguascalientes están abiertas para recibir cualquier denuncia al respecto.
Reiteramos que para esta admnistración el crecimiento económico y el respeto a la Ley son dos ejes fundamentales que nos permite mantener la confianza y el prestigio como sociedad aguascalentense.

Para instalar su segunda planta en el estado de Aguascalientes (México), Nissan Mexicana —filial de la japonesa Nissan Motor Co. Ltd.— exigió al gobierno local condiciones especiales. Sus demandas contrastan con las políticas anti-soborno que el corporativo adoptó desde 2004 al adherirse al Pacto Global de las Naciones Unidas; pero coincidieron con los planes del recién inaugurado gobierno de Aguascalientes.
La administración del entonces gobernador Carlos Lozano, impulsó reformas legales y un millonario endeudamiento para incentivar a la industria automotriz, utilizados en parte para comprar y donar terrenos que Nissan Mexicana solicitó; más tarde, la empresa revendió esas tierras en millones de dólares.
A siete años de la instalación de la planta A2 de la automotriz japonesa, que supuso una inversión de 2 mil millones de dólares, el número de empleos formales ha disminuido y los ejidatarios que vendieron sus parcelas sospechan que la armadora no pagó caminos y brechas, lo que desató un conflicto legal ante el Tribunal Agrario.
Un amplio y documentado reportaje firmado por las reporteras Mónica Cerbón y Jennifer González, realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS, con ayuda del Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana y el acompañamiento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, revela una cadena de presuntas irregularidades.
• Avalado por modificaciones legales previamente solicitadas, el gobierno estatal entregó sin condición alguna a Nissan Mexicana los terrenos para construir Nissan II.
• Para cumplir con las exigencias de Nissan, el gobierno estatal se endeudó y con ese recurso compró terrenos a ejidatarios, utilizando intermediarios a los que se benefició con millonarias comisiones.
• El gobierno estatal no solo donó sin condiciones el terreno, sino que también lo entregó preparado para construir, para lo cual contrató una empresa zacatecana propiedad de un presunto socio del entonces gobernador Carlos Lozano, a la que se le pagó con recursos públicos.
• Posteriormente, Nissan vendió  por una suma millonaria parte del terreno recibido en donación.
• Pese al millonario donativo, Nissan no cumplió con los empleos que prometió iba a generar.
• El reportaje también revela las duras condiciones de trabajo y los bajos sueldos que paga Nissan.