Millonaria indemnización a civil

Hidrocálido publica este día la siguiente nota:

El Poder Judicial de la Federación ordenó al gobierno municipal de Aguascalientes pagar, a más tardar hoy, a Javier Ocampo Navarro la cantidad de 29.5 millones de pesos, luego de que éste ganó un juicio de amparo que se alargó por varios años.
También se supo que el gobierno estatal deberá desembolsar, por la misma causa, entre 12 y 18.5 millones de pesos, y el Congreso local una suma arriba de los dos y medio millones.
El gobierno de Gabriel Arellano Espinosa tendrá que pagar por la indemnización sobre la expropiación de terrenos (esquina Díaz de León y Ayuntamiento) para la construcción de la avenida Ayuntamiento, hace varios lustros.
Esta indemnización no cubierta, posteriormente dio pie a iniciar un juicio contra la autoridad de la ciudad en la administración de Ricardo Magdaleno y continuada con Martín Orozco Sandoval.
Tan sólo para el gobierno de la ciudad el haber perdido este juicio le significará erogar 29.507 mdp.
En esta administración se perdió el juicio, «toda vez que la autoridad responsable, el Ayuntamiento del municipio de Aguascalientes no dio cumplimiento al requerimiento formulado en fecha quince de julio del presente año, ni se recibió promoción alguna sobre el particular, no obstante que ha transcurrido en exceso el término otorgado a su parte».
En las últimas dos administraciones, se cerró la comunicación con los presidentes municipales, por lo que Javier Ocampo decidió iniciar el juicio de amparo 1087-2002, el cual fue ganado en cada una de las instancias y que hasta ayer, se supo, también afectó al gobierno del Estado y al Congreso del Estado, con diferentes cantidades de dinero.
En el último año de la administración de Ricardo Magdaleno, Javier Ocampo ganó una de las primeras instancias en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes y, posteriormente, con Martín Orozco Sandoval se siguió luchando pero no se logró ningún triunfo.
El juez Tercero de Distrito, Luis Raúl Gutiérrez Calderón, emitió una sentencia el pasado 22 de julio, en la que ordenó el pago al Ayuntamiento de Aguascalientes de 29.5 mdp.
El alcalde Gabriel Arellano reconoció que su administración no cuenta con los recursos para pagar esta cantidad, por lo que su gobierno se tendrá que deshacer de varios terrenos con los que se podrá hacer el pago de casi 30 mdp.
Sin embargo dijo que se cuenta con un plazo de 24 horas, que vencen hoy, para hacer el pago.
A su vez el presidente de Convergencia y regidor en el Cabildo de la capital, Armando López Campa, reconoció que este asunto fue conocido desde hace un par de semanas, aún antes de conocerse la sentencia del juez Tercero de Distrito.
«Hace dos semanas tuvimos una sesión extraordinaria de Cabildo, en la que analizamos este pago de casi 30 mdp, por lo que acordamos que se le tuviera que pagar la mitad en efectivo y la otra con la dación de terrenos propiedad de la administración municipal».

La lectura de esa información deja y dejará muchas dudas a los ciudadanos y pondrá en tela de juicio el quehacer que desde los distintos niveles de gobierno se hace.

El fallo a favor de un particular afecta las finanzas de dos poderes: el Ejecutivo en lo que corresponde al gobierno municipal de Aguascalientes y al Gobierno del Estado; y, el Legislativo en o que corresponde al Congreso del Estado.

En una entrevista en la radio local, un funcionario del gobierno municipal de Aguascalientes apuntaba que el millonario monto de la indemnización se tasó en proporción al presupuesto que en este año ejercerán el gobierno del municipio de Aguascalientes, el Congreso del Estado y el despacho del gobernador.

Para el ciudadano común, cabría preguntarse: ¿cuáles fueron las acciones, inacciones y/u omisiones que varios gobiernos municipales y estatales, así como Legislaturas, hicieron para llegar apremiar aun ciudadano con una millonaria indemnización. ¿Hay responsabilidades que puedan ser sancionadas?

Habrá que preguntar a quienes se desempeñaron como síndicos municipales por qué se soslayó dicho asunto hasta el grado de dejarlo estallar de ese modo.

Llama la atención la tranquilidad con que las autoridades han aceptado el fallo. Pareciera que les importa poco que el dinero de los ciudadanos se vaya al caño, simplemente porque muchos funcionarios no hicieron, en su momento, el trabajo que les correspondía.

Hay que recordar que en lo que va del actual gobierno estatal, los caprichos del gobernador Luis Armando Reynoso Femat por hacer deshacer en la zona de la Feria de San Marcos también le ocasionaron boquetes al presupuesto al indemnizar a propietarios de fincas, como el del inmueble donde se asentaba el Mexicalirose, en la esquina de Américas y López Mateos. Otras indemnizaciones se tuvieron que dar por fincas afectadas por la construcción de la avenida San Marcos.

No lamentable es que los ciudadanos pagarán los errores y omisiones de sus gobernantes y no habrá nadie que tenga a bien explicar los vericuetos del millonario pleito. Lo que dejará un amplio espacio para especular si de todos esos millones no habrá varios beneficiados.

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