Evitaron el cierre ilegal del Rastro Municipal de Calvillo

El viernes 24 de febrero, dos inspectores de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud federal, llegaron desde temprana hora a las instalaciones del Rastro Municipal, ubicado en las inmediaciones de El Cuervero; se identificaron con el velador e ingresaron a las instalaciones.
Aparentemente, iban a realizar una inspección de rutina, pero en realidad llevaban la consigna de cerrar el rastro. No lo hicieron porque funcionarios municipales se presentaron al lugar y les exigieron la orden por escrito de sus superiores, documento que no pudieron presentar y ambos inspectores se tuvieron que retirar del lugar, dejando a medias la diligencia.

Consecuencias

En el rastro del municipio de Asientos no les exigieron la misma documentación y allá si consiguieron su objetivo: suspender las operaciones de dicho servicio municipal. Se espera que en los próximos días el resto de los rastros del estado dejen de funcionar. Y con ello se cumpliría lo que hace varias semanas el mismo gobernador Luis Armando Reynoso Femat adelantó: que los rastros se cerrarían si no cumplían con las especificaciones que establecen las normas sanitarias.
Por disposición Constitucional (artículo 115), los rastros son un servicio público cuya facultad de prestarlo es de los municipios. Su cierre obligaría a introductores de ganado, matanceros y carniceros, entre otros, a recurrir a la matanza clandestina. La inadecuada disposición de los desechos acarrearía fauna nociva. Y en el mercado local se iniciaría la especulación con el precio de la carne, ante el desabasto que generaría su escasez.

Sin orden

La pareja de inspectores recorrieron las instalaciones del rastro y fueron anotando las diversas irregularidades que a su paso encontraron; mientras, la matanza de reses proseguía. Poco después del mediodía, los funcionarios dieron a saber su intención de suspender las operaciones del rastro, pero consintieron en esperar a que concluyeran las labores del día.
Alertados, la Secretaria del Ayuntamiento, Maria de Lourdes Aguila Adame, acompañada del Consejero Jurídico, Guillermo Macías y Díaz Infante, y del director de Servicios Públicos, David López López, se dirigieron hasta las instalaciones municipales.
Una vez en el lugar se percataron de que ambos inspectores no se encontraban en las oficinas del Rastro; momentos después lo localizaron colocando sellos con la leyenda “Suspensión” en varias partes del inmueble.
Ya con conocimiento de que estaban ahí para realizar una visita de verificación y de que para suspender las operaciones requerían de una orden por escrito de sus superiores, el abogado Guillermo Macías se presentó ante ellos y les informó también de la presencia de la Secretaria del Municipio.
De inmediato, solicitó ver la orden por escrito, a lo que los inspectores se negaron e insistieron en colocar mas sellos. Los inspectores se negaron a entregar documento alguno y fueron enterados de que estaban en instalaciones municipales dependientes del gobierno del municipio, cuyas autoridades les estaban requiriendo la orden que los facultaba a intervenir.
Una vez que no entregaron ninguna documentación, manifestaron su deseo de retirarse pero antes redactaron apresuradamente una acta, al parecer, de la diligencia practicada. Nadie les firmó de recibido dicha acta y se retiraron del lugar.
Una revisión posterior determinó que colocaron sellos en dos accesos para ganado, en el interruptor de una bomba, en otra puerta y en una báscula. Ninguno de los sellos colocados impide el funcionamiento normal del Rastro Municipal, que ha proseguido con sus funciones normales.
Ante la irregularidad del procedimiento, el gobierno municipal determinó defenderse jurídicamente.
En las diversas ocasiones que el mandatario estatal Reynoso Femat ha abordado el tema de los rastros municipales, ha evitado comprometerse con inversiones para garantizar un funcionamiento acorde con la regulación vigente.
En cambio, ha trascendido que la intención del gobierno estatal es concesionar a particulares la construcción y operación de un rastro Tipo Inspección Federal (TIF), que daría servicio a todo el estado.

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