Ordenada y pacífica, se llevó a cabo este viernes la anunciada Marcha Blanca, que se desplazó por las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes, entonó el Himno Nacional al pie del asta bandera de Plaza Patria y se plantó frente al Congreso del Estado, donde los diputados se comprometieron ante una veintena de líderes sociales y familiares de torturados a evaluar la conveniencia renunciar al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Omar Williams López Ovalle.
El del compromiso tácito, implícito y directo fue el vocal de la Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura al Congreso del Estado, el diputado priísta José Luis Alférez, mientras que la presidenta de esa instancia legislativa, Denise Ibarra Rangel, fue muy clara: "Evaluaremos su desempeño y si no da el ancho, que se vaya".
Al mismo tiempo, reconoció haber trabajado en la CEDH --"de donde la corrieron", dijo Alférez—y se deslindó de cualquier intervención en la demanda de las organizaciones sociales por la renuncia del ombudsman aguascalentense, López Ovalle, quien no ha contestado las preguntas que le hicieran los legisladores en su comparecencia del pasado 23 de febrero, en que presentara al Congreso su VI informe de labores.
Reunidos en el Salón Legisladoras del Congreso del Estado, el presidente de la Federación de Organizaciones Civiles de Aguascalientes, A.C., (FOCA), Sergio Delfino Vargas; el presidente de la Asociación Libre de Abogados y Postulantes de Aguascalientes, A.C., (ALAPA), Jorge Oswaldo León León, y líderes sociales y familiares de policías torturados (según se desprende del fallo de un Juez Unitario de Circuito a favor del comandante Lucino Pérez) plantearon ante la diputada Ibarra y su homólogo, Alférez, los fundamentos de sus demandas.
Ante la pregunta del reportero Gerardo Pasillas, en el sentido de si se irá adelante en evaluar la renuncia de López Ovalle, a pesar del fuerte apoyo que le brinda el líder de la fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso, el diputado Miguel Ángel Juárez Frías, los diputados Ibarra Rangel y Alférez fueron enfáticos al afirmar que ellos harán su trabajo, porque ese fue su compromiso asumido no solo con las organizaciones sociales ahí presentes, sino con toda la sociedad de Aguascalientes.
Además de entregarle una Carta Ciudadana con 60 firmas, donde la FOCA plantea sus demandas, se presentó también ante el Ministerio Púbico una Denuncia de Hechos (averiguación previa número 3402/12 de la Agencia 3), conforme a la cual se pide la intervención del representante social para que investigue si trabaja o no la CEDH Aguascalientes y consignar la indagatoria.
CRONOLOGIA
Teniendo muy en cuenta el respeto al derecho de los demás, los integrantes de la marcha –unas 130 personas, la mayoría ataviadas con ropas blancas— iniciaron su desplazamiento al filo de 09:30 horas, del cruce de la calle Galeana y la avenida Adolfo López Mateos y en pocos minutos arribaron a Plaza de la Patria, donde el contingente procedió caminar en círculo, en derredor de la Plaza de Armas.
La vanguardia fue integrada por miembros del Colectivo Sergay, encabezado por su líder Julián Elizalde. Enseguida, líderes de pacientes de Sida y familiares torturados, así como los dirigentes de las agrupaciones sociales pertenecientes a la FOCA.
Juan Pérez Robles es el nombre del representante de la organización mexico-estadunidense Unducomented Resentle Organized (Indocumentados Sin Miedo), que reunieran a más de un millón de manifestantes contra la Ley Arizona en 2010 y quien con altavoz en mano explicó a transeúntes los motivos de la marcha.
Pasaditas de las 10:00 los marchistas se ubicaron al pie del asta bandera en Plaza Patria, donde entonaron respetuosos y entusiastas nuestro Himno Nacional Mexicano.
Minutos más tarde La Marcha Blanca arribó al frontispicio del Congreso del Estado donde desfilaron las y los oradores, todos ellos con un argumento sólo y angustiante en torno al tema de las violaciones a los derechos humanos. Los organizadores del evento convinieron en respetar en forma absoluta la libertad de expresión de las y los oradores.
Sergio Delfino Vargas exigió a los legisladores la destitución de Omar Williams López Ovalle, "porque creemos que al sostener el H. Congreso del Estado, aun en contra de la voluntad de la ciudadanía a un ineficiente ombudsman, están enviando un mal mensaje a la sociedad: la protección de intereses ajenos a la defensa de los derechos humanos".
Exigimos la renuncia de Omar Williams López Ovalle –agregó— porque sentimos que se ha convertido a la CEDH en la "caja chica" de los partidos políticos para campañas electorales, lo que es también contrario a su naturaleza de la Defensoría del Pueblo.
Subrayó enseguida:
"Exigimos la renuncia de Omar Williams López Ovalle porque sentimos que las y los legisladores han politizado los derechos humanos, para negociarlos en las campañas electorales a cambio de votos, premiando a los operadores partidistas con un puesto en la CEDH, como está profusamente documentado en la prensa".
El dirigente de organizaciones civiles de Aguascalientes exigió la renuncia de Omar Williams López Ovalle "porque sentimos que en la actualidad no existe una verdadera defensa a los derechos humanos en nuestro Estado, particularmente a favor de los detenidos por los diversos cuerpos de seguridad pública preventiva, como en la procuración de justicia y en los centros de reclusión y rehabilitación locales, como acaba de demostrar un Juez Unitario".
Se refirió el orador a la liberación del comandante de la policía preventiva, Lucina Pérez. Subrayó Delfino Vargas:
"Exigimos la renuncia de Omar Williams López Ovalle porque sentimos que no se ha dado vigencia a los derechos humanos de la gente más vulnerable como son: Las personas de capacidades diferentes, las personas de la tercera edad, los niños, las niñas y los adolecentes; así como los invidentes, los pobres, las madres solteras, los indígenas, los usuarios de la administración de justicia, incluidos las y los abogados; las personas con diversidad sexual, los comerciantes, los estudiantes, los enfermos en todos sus padecimientos; y en general, la sociedad que ve con impotencia día a día cómo se violan los derechos humanos y la apatía de quien nos deben defender".
Sergio Delfino solicitó a los legisladores "no ignorar este angustioso y sincero llamado de una buena parte de la Sociedad Civil Organizada: Que se valore esta demanda, y que se emita una declaración pública y detallada, fundamentada en la Ley, acerca de la posición que asuma el H. Congreso del Estado".
Hubo de pasar algunos minutos de espera, con la mayoría de los integrantes de la marcha ya en el hall del Palacio Legislativo y las arengas de oradoras y oradores fuera del recinto parlamentario, aguardando el momento de ser recibida una comisión por los diputados.
Antes de las 11:00 horas hizo su arribo al lugar la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, la diputado priísta Denise Ibarra Rangel, quien escuchó atentamente los reclamos de los líderes sociales, con quienes se reunió en el Salón Legisladoras.
La legisladora, además de aceptar que ella fue empleada de la CEDH y de deslindarse de toda participación en la organización de estas protestas, dijo a los dirigentes sociales que Omar Williams López Ovalle tampoco ha respondido a los legisladores las preguntas que le formularon durante su informe-comparecencia del pasado 23 de febrero.
Informó también que en esos momentos (minutos antes del mediodía) las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Seguridad Pública del Congreso del Estado, acompañadas por el ombudsman López Ovalle, iniciarían un operativo sorpresa al visitar los diferentes centros de detención y de reclusión, para ver las condiciones en que se encuentran los detenidos y los presos y verificar la protección a los derechos humanos.
Pronta se incorporaría a la reunión el diputado José Luis Alférez, vocal de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, quien de plano dijo que ante el cúmulo de quejas en contra de Omar Williams López Ovalle "tenemos que asumir acciones más drásticas" e invitó a los dirigentes sociales y a la propia diputada Ibarra a asumir un compromiso, "porque no se vale que se violen los derechos humanos de las personas, porque no somos ciudadanos de segunda, sino de primera".
La y el diputado, Ibarra y Alférez, ambos del PRI, se comprometieron a dar seguimiento a la demanda de las organizaciones sociales y se hará pronto.
