Guillermo Macías Díaz Infante
Se publicó el jueves 23 de Julio de 2020, vía redes sociales, una información sobre la reunión del Gobernador de Aguascalientes y el Delegado Federal en el estado, reunión en la que se acordó el otorgamiento de recursos económicos (eufemísticamente llamados "apoyos") por parte de la autoridad federal al Estado.
Habrá quienes, muchos que lo piensen y pocos que lo expresen, que ¡qué bueno es eso para el Estado! ¡Las autoridades trabajan de la mano! ¡Hay acuerdos, hay consenso, hay armonía!
Mensajero ignorante de la Federación y Gobernador por demás ignorante de la Constitución, del Federalismo y de la dignidad político-jurídica del Estado de Aguascalientes. (En descargo del titular del Ejecutivo de Aguascalientes, debo decir que es presumible que todos los gobernadores de los treinta y un estados y de la Ciudad de México participan de lo mismo que cojea el "Gober" del estado más grande de los estados pequeños de México).
No ahondaré en tecnicismos jurídicos, para no hacer esto aburrido, pretendiendo ubicarme a la altura de los sabios del Derecho, de los que por ejemplo disfrutan un asiento en la Corte pero que la altura del pedestal del sillón los mareó. Tampoco seré de los que citan y transcriben artículos de leyes, jurisprudencias y opiniones doctrinarias, haciendo unos textos tan largos que parece pretendieran cobrar por metro sus escritos.
Diremos que el régimen financiero del estado federal mexicano tiene una base: la Federación grava la mayor parte de la riqueza imponible (Ley de Ingresos) y por ello participa de la recaudación a los estados (Presupuesto de Egresos).
Este esquema del llamado "federalismo fiscal" (el cual es desconocido y malentendido por los gobernadores que hablan de el y vociferan que saldrán de la coordinación fiscal) tiene como principales objetivos el evitar la doble y triple tributación y la facilidad de los contribuyentes para cumplir con las obligaciones fiscales. Pero... ¡Pero! Por otra parte ha sido un esquema de sometimiento y subordinación de las autoridades locales hacia las autoridades centrales, bajo el principio de que "el que paga manda".
La ignorancia de los políticos (partidos, representantes populares y autoridades), y el ánimo centralista y dictatorial de los funcionarios federales ha traducido esto en un esquema típicamente centralista. Sus exponentes han sido el priísmo más acendrado y del panismo más irreflexivo. La 4T construirá en los períodos venideros la contrapráctica (pero no es fácil instrumentarla ni ejecutarla).
Los Estados sacrifican su potestad tributaria, cediendo la mayor parte de ella a la Federación a través de la coordinación fiscal, a cambio de participar en el ingreso fiscal que se genera en todo el país.
Esto significa que la Federación es una recaudadora que debe transferir los ingresos a los estados, descontando exclusivamente el gasto necesario para lo estrictamente federal. Pero esta transferencia no puede estar condicionada ni etiquetada, ni mucho menos obedecer a negociaciones, acuerdos o "consensos" por los que se otorguen por los funcionarios federales "recursos o apoyos" a los estados. La "bondad" federal, la "beneficencia" centralista y la buena relación política entre Estados y Federación son cuestiones que escapan totalmente al ámbito del federalismo fiscal; o lo que es lo mismo, al ámbito del régimen financiero del estado mexicano. La adulación, las caravanas ni los besamanos están previstos en la Constitución, para el efecto de distribuir el ingreso fiscal que produce la República.
Por todo ello, el Presupuesto de Egresos de la Federación no puede constitucionalmente, etiquetar de manera expresa recursos asignados a los estados ni puede invadir la esfera de atribuciones de los Estados determinando obras o servicios y asignando recursos.
Los "diputines" federales (los que son y los que han sido) están muy lejos de saber esto y por ello, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (facultad no del Congreso sino sólo de una de sus cámaras, la de los dichos "diputines") etiquetan recursos y dejan enormes lagunas (océanos) de dinero para la disposición del capricho de los funcionarios federales, recursos por los cuales habrán de mendigar los funcionarios estatales (tal como en el caso de la nota que se comenta).
El Presupuesto federal debe contemplar la asignación de recursos a los estados (participaciones) sin condicionar su aplicación; es decir, con respeto a la soberanía de los Estados para decidir la aplicación de su gasto público.
Cuando se entienda esto y se aplique el régimen financiero de la República, bajo un federalismo puro, las regiones empezarán a crecer y el país a desarrollarse.
Dirían un "diputín", un gobernador y un funcionario federal: "¡de lo que se entera uno!"
Guillermo Macías Díaz Infante es abogado
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