Funcionarios del ISSSPEA, la Fiscalía General Estatal y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) dispusieron irregularmente, entre junio y agosto de 2020, de 449 millones de pesos para la compra de bonos que prometían rendimientos del 11 al 13 por ciento anual; a la fecha solo se recuperaron rendimientos parciales y de acuerdo a las autoridades federales, los capitales invertidos son prácticamente irrecuperables.
Una investigación del diario español El País y un seguimiento local de Noticen, dan cuenta de las afectaciones financieras, que habrían estado motivadas por una comisión por colocación del 5 por ciento pagada en efectivo, según el testimonio de uno de los participantes en la estafa y por indagatorias de la Fiscalía General de la República.
La estafa
El esquema de tipo Ponzi, creado por los empresarios, René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García habría obtenido 6 mil millones de pesos de diversas instituciones y dependencias; y consistió en la venta de bonos de deuda (técnicamente llamados certificados bursátiles fiduciarios privados) emitidos por casas de bolsa que representaban a la empresas de estos dos empresarios, Corafi y Escorfin principalmente, que a la fecha no tienen los activos necesarios para respaldar las inversiones.
De acuerdo a la investigación de El País, se trata de una compleja red en la que están involucrados brokers, bancos, casas de bolsa, funcionarios públicos y decenas de empresas fachada y testaferros usados para blanquear el dinero obtenido.
El esquema nació durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto; la primera alerta la dio la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2021 cuando detectó que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) había pagado 950 millones de pesos en 2019 y 2020 para adquirir os mencionados bonos.
En el reportaje se señala que el diario español tuvo acceso a una una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República e informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal (áreas de la Secretaría de Hacienda) en donde se puede ver el alcance de la estafa y la cantidad de dependencias e instituciones afectadas. La referida carpeta incluye a los dos empresarios y sus empresas de papel como presuntos responsables del desvío de recursos, blanqueo de activos y evasión fiscal. Las autoridades también están a la caza de los funcionarios corruptos que comprometieron dinero que no les pertenecía, informa el reportaje.
En Aguascalientes
La investigación de El País consigna que en Aguascalientes: La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha invertido 213 millones en el esquema, y la Fiscalía General de ese mismo Estado ha pagado otros 66 millones.
Un seguimiento del tema por el sitio www.noticen.com.mx ha agregado que también el ISSSSPEA invirtió 170 millones de pesos.
Noticen señala que la compra de los bonos se habría realizado entre junio y agosto de 2020, mediante compromisos de inversión a tres años y ofertando tasas de rendimientos de entre el 9.5 y el 10 por ciento anual, menores alas que refiere la investigación de El País.
En el caso de la UAA, los recursos se obtuvieron del Fondo de Contingencias, creado hace unos 20 años para garantizar la operatividad de la Universidad ante alguna contingencia; se habría tomado dinero de un fondo de reserva.
En el caso del ISSSPEA la inversión de 170 millones de pesos en bonos fue para un proyecto denominado Protac (Proyecto Transatlántico), para lo cual fue creado un fideicomiso en donde aparece como fiduciario el Banco Covalto, que no tiene sucursales en Aguascalientes, y como fideicomitente al propio ISSSSPEA, de acuerdo alto que obtuvo Noticen.
De la Fiscalía General estatal y los 66 millones puestos en el referido esquema de estafa se sabe menos. Solo el nombre de un funcionario, David Quezada Mora, quien el 19 de junio de 2020 dejó la dirección general del ISSSSPEA y el mismo día, el 19 de junio de 2020, tomó posesión del cargo de Oficial Mayor de la Fiscalía.
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